A propósito del tema de anoche en el programa 7º Día del Canal Caracol, debo decir que es sorprendente que en un país donde se hacen estrategias para matar a los jefes de las FARC y se violen las normas cada día, no se logre reformar la Constitución en pro de la verdadera justicia. Y digo verdadera, porque para mí no es justo que un violador ande suelto.
Hay que admitirlo, en ocasiones los indígenas sirven de ejemplo para la justicia ordinaria, ya que al menos en su jurisdicción no es común la impunidad y buscan en los castigos que el condenado aprenda. Es decir, sus técnicas son castigo y acompañamiento. Este último se refiere a un proceso continuo de aprendizaje para la persona que delinque y que para ellos no es más que alguien con problemas mentales o de conducta que debe ser tratado además de sentenciado. Pero en este caso como en muchos, debo también reconocer que no pueden interferir de la misma manera que la justicia ordinaria.
La Constitución Política de Colombia en el Art. 248 establece la libertad que tienen los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, siempre y cuando estas no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Sin embargo, el castigo impuesto a Juan Antonio Pilcué en el municipio de Caldono en el departamento del Cauca quien ha golpeado y violado a sus tres hijas de 13, 9 y 8 años en varias ocasiones, no lo considero adecuado, pues los latigazos recibidos se le olvidan y su retención es mínima, pues sale cada vez que quiere. El Ministerio de Educación en su portal web difunde los derechos de los niños, entre esos el derecho al amor y a la familia, los cuales considero violados cuando este hombre viola a sus propias hijas y sigue libre en un pueblo y en general: en todo el territorio nacional.
No lo sé, pero en estos casos no entiendo la Constitución ni la forma en que se controla un país aparentemente igual, pero que permite que unos violadores sigan sueltos en unos casos y en otros no...
